Mercedes Molina Ibáñez es catedrática emérita de geografía humana de la Universidad Complutense de Madrid y una de las personas que más sabe sobre el proceso de despoblación que ha sufrido España. Al fin y al cabo lleva más de dos décadas dedicada al estudio del tema, incluso antes de que la pérdida de población de las zonas rurales fuese un tema que preocupase a nivel global.
En la búsqueda de respuestas sobre este asunto, le planteamos la madre de todas las preguntas: ¿Cuáles son las principales causas de la despoblación que ha vivido España en las últimas décadas? Como erudita en el tema que es, su contestación no da puntada sin hilo y hace un análisis riguroso de la situación y sus porqués. El final guarda una sorpresa: el optimismo.
Esta es su disertación:
He estudiado en profundidad la despoblación en sus causas y en sus consecuencias desde hace más de 25 años y he tratado de visibilizar sus efectos territoriales, sobre todo en unidades administrativas propias de nuestras provincias y municipios. El mapa resultante a nivel local es muy preciso: la España interior es un paradigma y tres de sus provincias –Soria, Cuenca y Teruel– se significan, ya que los débiles efectivos de sus capitales no contrarrestan la debilidad rural para modificar esos 12,5 habitantes por km2 que considera la Unión Europea para determinar territorios de baja densidad. En unos casos por despoblación y en otros –caso del Norte de Europa– por escasos efectivos, fruto de las consecuencias de su rigor climático.
Sus principales causas se relacionan con la progresiva configuración en el Reino de España, como en otros países europeos, de un modelo territorial de concentración de la inversión, del empleo, del valor de la producción y por ello de la población cuando se consolida el paso de una economía de fuerte base agraria a otra industrial y de servicios. La ciudad adquiere una nueva dimensión, es el territorio de la eficiencia económica, asociada a economías de aglomeración y de escala.
Este modelo de organización territorial se vincula estrechamente con un modo de producción de crecimiento intensivo de corto plazo, sustentado en el Producto Interior Bruto (PIB), empleo y renta, para analizar su dinamismo. Sus resultados podían ser muy positivos a escala de Estado o Región, pero no ponían de manifiesto las grandes diferencias internas.
Unas variables o indicadores que han ignorado otros costes asociados a ese crecimiento y cuando los incorporamos, caso de los ambientales, (ya señalados en el INFORME BRUNDTLAND en 1987) los sociales o los territoriales, ya muy visibilizados por sus graves efectos reforzados incluso por la pandemia, tenemos que aceptar sus fallos y problemas. Esta dualidad modelo territorial y modo de producción fue responsable de una emigración continua y forzada desde las zonas rurales y ciudades intermedias a las grandes regiones urbanas mayormente desarrolladas, en el caso español, en la década de 1960. La descapitalización humana ha ido unida a la progresiva configuración de una brecha de competitividad territorial cada vez mayor por falta de inversión entre lo rural y lo urbano. El emigrante económico busca empleo, mejorar sus rentas y sus posibilidades de promoción. La España rural no lo permitía.
No ha sido sólo el mercado quien ha ido generando esta diferencia progresiva, sino también las políticas públicas de uno y otro signo que han buscado la eficiencia y la rentabilidad a corto plazo con base al crecimiento de variables o indicadores parciales, PIB, renta, y del empleo, generalmente medidos sobre unidades político-administrativas superiores, caso del Estado o de Comunidades Autónomas, que no reflejaban diferencias internas municipales y ni siquiera en numerosos casos, provinciales.
Consecuencias de la España despoblada
Pero no sólo debemos fijarnos en la causas de la despoblación. También debemos hacerlo sobre sus consecuencias que son muy graves ya que, junto a la pérdida del capital humano con sus influencias en el envejecimiento, la masculinidad o en la innovación, debemos fijarnos en consecuencias económicas derivadas, de un déficit de emprendedores, de su escasa población activa o por la desaparición de actividades tradicionales. Pero también se detectan graves consecuencias medioambientales derivadas de la pérdida de gestión o del abandono de tierras, con alteraciones en la biodiversidad e incluso en la pérdida de recursos. A ello se añaden consecuencias derivadas de la desigualdad territorial de la inversión y su incidencia social. Las diferencias en infraestructura de transporte, de comunicaciones y aquellas asociadas a servicios imprescindibles para una sociedad desarrollada, como la sanidad y educación, son notables.
La España despoblada no es solo un problema demográfico, constituye una verdadera crisis del territorio con importantes implicaciones económicas, sociales y políticas. Es el mejor ejemplo de los desequilibrios territoriales y de la falta de equidad social en España.
Aspectos positivos
Pero no quiero plantear solo problemas, también quiero sacar a la luz que no todo es negativo. En muchas áreas que han perdido población y servicios, en áreas que han sido frecuentemente abandonadas a su suerte por las administraciones públicas, persisten importantes recursos que se han demostrado fundamentales durante la crisis del COVID-19. Destaco el papel en la alimentación, que ha garantizado el abastecimiento, con productos en ocasiones unidos al comercio de proximidad.
También hay que singularizar su potencial medioambiental, unido a una calidad y a una sostenibilidad todavía trascendentales. La España despoblada es un territorio-problema pero también es un territorio-recurso, con posibilidades muy significativas para abordar otro modo de producción y otro modelo territorial en España, más equilibrado, policéntrico y en estrecha conexión rural-urbana. La situación actual es fruto de todos y la solución debe ser compromiso y trabajo de todos. No olvidemos que el pasado está hecho, pero el futuro está por hacer.
